El Tribunal de Cuentas le llamó la atención al Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que conduce Josefina Canale.

Es por no haber actuado en el 2017 frente a una posible estafa millonaria a través del cobro irregular de la Quiniela de Mendoza. El problema era un “agujero” informático en el sistema de captura de apuestas online en las agencias oficiales. El organismo de control advirtió que el Instituto no tomó acciones concretas respecto de una supuesta defraudación con los premios prescriptos de la Quiniela.

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